El contralor general del régimen de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, anunció este viernes 15 de enero que interpelará al líder opositor Juan Guaidó por la supuesta riqueza que mantiene en el exterior, y que cifró en al menos 1.000 millones de euros que están depositados, aseguró, en cuentas de países europeos.
Archivo – EFE
«Tendrá que, por ejemplo, el señor Juan Guaidó decir de dónde tiene, de dónde sacó los mil millones de euros que tiene depositados en las cuentas europeas o el yate de 77 pies que tiene parado allá en Fort Lauderdale, en Florida, donde se monta el senador (Marco) Rubio, por cierto, muchas veces», dijo Amoroso en una declaración transmitida por la televisión pública VTV.
El funcionario venezolano no mostró pruebas de estas denuncias, mientras que Guaidó no reaccionó de manera inmediata a las acusaciones.
Amoroso también se preguntó «cómo hace» Julio Borges, un exdiputado cercano a Guaidó, «para vivir en una mansión en Bogotá», otra acusación por la que tampoco presentó pruebas.
El contralor explicó que Guaidó debe ofrecer una declaración jurada de patrimonio que será contrastada con la que entregó en 2016, cuando asumió su escaño para el período legislativo 2016 – 2021.
Idéntico procedimiento deben completar los demás diputados salientes, entre ellos varios del oficialismo que retuvieron su escaño en las pasadas elecciones del 6 de diciembre, cuyos resultados no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional.
Amoroso también dijo que la inobservancia de este procedimiento conlleva «a la imposición de multas establecidas en la ley y a la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público», sin ofrecer mayores detalles sobre estas sanciones.
Estas declaraciones de patrimonio se harán «en los próximos días» a través de un «operativo especial», en el que también tomarán parte los diputados que legislarán en el período 2021 – 2026.
Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente encargado de Venezuela, dijo a inicios de año que se mantiene como jefe del Parlamento apelando a una «continuidad administrativa» que no está contemplada en la Constitución.
EFE
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