Parecía que nunca llegaría, pero ese día al fin llegó. Quizá estemos presenciando los últimos días de aquel golpe a nuestros derechos y libertades de 2015 que se llevó a cabo con las reformas del Código Penal y de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Unas reformas, que por eso de resumir en dos palabras y poner el foco en su impacto en la libertad de expresión, fueron apodadas desde la sociedad civil como Leyes Mordaza.
Tras seis años marcados por decenas de condenas y de cientos de miles de multas por ejercer la libertad de expresión, reunión e información, parece que esta vez sí se puede acabar con las mordazas, o al menos en parte. El pasado lunes el gobierno anunció una reforma del Código Penal, en específico los delitos de injurias a la Corona o ultrajes a la bandera española, y los que versan sobre el enaltecimiento del terrorismo. Y hace poco más de una semana el pleno del Congreso de los Diputados votó en contra de una iniciativa del grupo popular que pretendía frenar la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana.
La presión pública por supuesto que es fundamental. En estos días decenas de movilizaciones, centenas de artistas y miles de mensajes en redes han denunciando que el Estado español ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas ha represaliado. Si bien no es motivo de júbilo que el detonante haya tenido que ser una nueva mala noticia: la condena y encarcelamiento del rapero Pablo Hasel por lo que dice en una canción y unos tuits.
La condena ha sido por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado. Tras los casos como los de los Titiriteros, Casandra o Cesar Strawberry, las instituciones del Estado español está protagonizando un nuevo show internacional con el caso de Pablo Hasel, quien podría ser uno de los primeros raperos de Europa que va a la cárcel por decir lo que piensa.
El encarcelamiento de Hasel por sus expresiones artísticas es injusto y desproporcionado y pone en evidencia la necesidad de eliminar los artículos del Código Penal que vulneran el derecho a la libertad de expresión. Los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la corona y las instituciones del Estado y de ofensa contra los sentimientos religiosos deben desaparecer del Código Penal.
César Strawberry. © Alejandro Navarro Bustamante, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado en tres ocasiones a España por aplicar el delito de injurias contra la Corona. Desde Estrasburgo han recordado que una mayor protección a Jefes de Estado mediante una ley especial en materia de insulto no es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.”
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado en tres ocasiones a España por aplicar el delito de injurias contra la Corona. Desde Estrasburgo han recordado que una mayor protección a Jefes de Estado mediante una ley especial en materia de insulto no es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Pero es que estamos hablando de una legislación señalada por la ONU por vulnerar derechos humanos incluso antes de su entrada en vigor, allá en 2015, cuando cuatro relatores de las Naciones Unidas denunciaron cómo las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana socavarían los derechos de manifestación y expresión en España. Por entonces una manifiestación de hologramas que las denunciaba frente al Parlamento dio la vuelta al mundo, y la crítica se extendió por una ingente cantidad de medios internacionales como el editorial del periódico The New York Times.
Durante todo este tiempo hemos presenciado, cual martillo pilón, cómo desde las organizaciones de la sociedad civil persistíamos en su denuncia. Ya fuera con informes, campañas y movilizaciones ciudadanas, insistiendo en que esas reformas eran inaceptables y había que revertirlas. Informes como El derecho a protestar amenazado, Tuitea si te atreves, o Activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira, han contribuido a ello. Al igual que campañas como la del pasado 5º aniversario de la entrada en vigor #5AñosDemordazasBasta, impulsada en alianza y a la que se unieron las 230 organizaciones que firmaron un manifiesto.
Ya podemos ver la luz al final del túnel, y el sexto aniversario de la entrada en vigor de las Leyes Mordaza, el próximo 1 de julio, podría cumplirse habiéndolas reformado. Eso sí, para que suceda, y para que realmente sea satisfactoria y alineándose a los estándares internacionales de derechos humanos, será imprescindible persistir en la presión.
