El Indec acaba de dar a conocer un informe sobre los índices de pobreza e indigencia en Argentina, correspondiente al segundo semestre del 2020. Los datos arrojan que en Argentina el 42% de la población -19 millones de habitantes- es pobre, mientras que el 10,5% -4 millones de personas- se encuentran por debajo de la línea de indigencia. La situación en el conurbano es aún más grave: allí la pobreza trepa al 51% y entre los menores de 14 años es del 57,7%.

De un año a otro, la pobreza aumentó en un 5,7%, mientras que la indigencia  se incrementó en un 2,5%. La Canasta Básica Total -sobre la cual se mide la pobreza- sufrió un aumento semestral de 16,2%,  mientras que la Canasta Básica Alimentaria lo hizo en un 16,5%. Por su parte, el ingreso de las familias con respecto al primer semestre del 2020 solo experimentó la suba de un 8,5%.  Es decir, el aumento en el ingreso que percibieron las familias en 6 meses es menos de la mitad que el ascenso del costo de vida, reflejado en la CBA y la CBT.

A su vez, el informe señala que el ingreso promedio de las familias se encuentra en los $29.000, mientras que la línea de pobreza se promedió a lo largo de seis meses en $50.854. Como se ve, la brecha entre ingresos y costo de vida es del 41,9%. Estas cifras vuelven a mostrar, que incluso son pobres muchos de los trabajadores que cuentan con un empleo en blanco.

Esto es el fruto, por un lado, de los topes salariales impuestos por el gobierno, las patronales y las burocracias sindicales; y por otra parte, la escalada inflacionaria que ronda el 4% todos los meses. Como se ve, la política que ha implementado el oficialismo para contener la suba de los precios ha sido infructuosa, ya que los empresarios sortean sin problemas la regulación estatal. Por otra parte, el conjunto de las medidas gubernamentales han alimentado la inflación, como los sucesivos naftazos, las devaluaciones de la moneda y la emisión monetaria en pos de rescatar a las patronales. Así como también, la anuencia oficial para que los pulpos agropecuarios aumenten los precios de los alimentos como fruto de la suba de los precios a nivel internacional.

La juventud se lleva la peor parte: la pobreza asciende al 57% en el grupo poblacional que va de los 0 a los 14 años; y es de un 49,2% entre las personas de 15 a 29 años. Finalmente, son los más jóvenes los que padecen las peores condiciones de trabajo, y encuentran un sinnúmero de trabas para acceder a la educación ya que el Estado no garantiza los recursos necesarios para poder estudiar.

Otro factor que acicatea la pobreza es el incremento de la desocupación, que se ve reflejado en el hecho de que 6 millones de personas en el país sufran falta de trabajo. El decreto antidespidos del gobierno no fue un impedimento para evitar que las empresas desvinculen personal, sobre todo en los lugares donde el trabajo se realiza de manera informal.

Esta situación se abrió camino por el papel de las burocracias sindicales que avalaron la pulverización del ingreso. Está planteada la organización de la intervención de los trabajadores desde sus lugares de trabajo por paritarias libres y actualización de los sueldos de acuerdo a la inflación, por un seguro al desocupado de $58.000; la exigencia del control de la inflación abriendo los libros de toda la cadena de producción y comercialización, impedir los tarifazos en puerta y nacionalizar bajo gestión obrera el comercio exterior. Por último, se pueden revertir las cifras de pobreza e indigencia expuestas rompiendo con el FMI y repudiando la deuda externa usuraria, para que el ahorro nacional esté dirigido a dar una salida a las necesidades sociales.