La operación político judicial montada por el gobierno, la Justicia y los medios de comunicación contra el movimiento piquetero, allanando 27 locales y casas de militantes y armando una causa por supuesta “extorsión”, da cuentas de la voluntad manifiesta de la burguesía de quebrar a las organizaciones que se han colocado a la vanguardia de la lucha contra el ajuste criminal del gobierno de Milei y antes contra el ajuste de los Fernández.
Es evidente que la tentativa oficial de desarticular al movimiento piquetero representa también un tiro por elevación contra el conjunto del movimiento obrero y popular, como ya se aprecia en la denuncia contra sindicatos que organizaron el paro del 9 de mayo. Todo esto en momentos donde cada vez más sectores caen en la cuenta del carácter antiobrero y antinacional de la Ley Bases, a punto de ser tratada en la cámara alta del Congreso. Con esta causa tapan otra contra Pettovello por abandono de personas, cuando cuadras y cuadras de gente con hambre no fueron atendidas.